ISSN: 1130-2887 - eISSN: 2340-4396
EL PROCESO DE DESECURITIZACIÓN DE LA DOCTRINA MILITAR EN COLOMBIA
The Process of Desecuritization of the Military Doctrine in Colombia
Universidad Complutense de Madrid, España
Universidad Sergio Arboleda, Colombia
Fecha de recepción: 3 de julio de 2019
Fecha de aceptación y versión final: 17 de enero de 2020
RESUMEN: ¿Cómo ha sido el proceso de desecuritización de la doctrina militar en Colombia luego del proceso de paz con las farc-ep? En el artículo, argumentamos que el proceso de desecuritización de la doctrina militar en Colombia posee un punto de inflexión en el año 2007 y es por eso por lo que las negociaciones en Cuba y la firma en el Teatro Colón de Bogotá no incidieron en la nueva doctrina de las Fuerzas Militares, pero sí afectaron la configuración de los planes estratégicos y de guerra. De hecho, las farc alcanzaron un desescalamiento en la visión y noción securitaria en la agenda colombiana y pasaron de ser una amenaza y problema de seguridad a un asunto exclusivamente político.
Palabras clave: desecuritización; Colombia; Fuerzas Militares; farc; doctrina militar.
ABSTRACT: How has been the process of desecuritization of the military doctrine in Colombia after the peace process with the farc-ep? In the article, we argue that the process of desecuritization of the military doctrine in Colombia has a turning point in 2007 and that is why the negotiations in Cuba and the signing at the Teatro Colón in Bogotá did not affect the new doctrine of the Military Forces, but they did affect the configuration of the strategic and war plans. In fact, the farc achieved a de-escalation in the vision and security concept in the Colombian agenda and went from being a security threat and problem to an exclusively political issue.
Key words: desecuritization; Colombia; Military Forces; farc; military doctrine.
I. Introducción[1]
La terminación del conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (farc-ep) en el año 2016 ha producido una transformación en la arquitectura de la seguridad nacional y en la doctrina militar. La mutación de la violencia como variable dependiente de las fuerzas en conflicto, una vez firmado el acuerdo que puso fin al enfrentamiento armado, obligó a que se construyeran nuevos conceptos y referentes sobre la seguridad y doctrina militar en Colombia. El presente documento pretende mostrar de manera novedosa la discusión sobre la desecuritización de la doctrina militar aplicada al caso colombiano con base en los desarrollos teóricos de Buzan, Waever y De Wilde (1998), así como las reflexiones de Huysmans (1998) y Casado (2018). En ese sentido, el texto parte con un marco teórico aludiendo a los trabajos de Ríos (2018) y Ríos, Bula y Brocate (2013) en la determinación de escenarios y retos al superar la violencia armada, pero de igual manera a los de Avilés (2001) y Rojas (2017) en el proceso de transformación institucional militar junto con González y Betancur (2018). No obstante, en materia de doctrina y acción militar, es fundamental tener en cuenta a Arévalo (1998), Holley (2004) y Jackson (2013).
Con base en eso, es necesario abordar a Ellis (2016) en cuestiones sobre los retos de toda fuerza militar convencional al superarse un conflicto interno. Los arquetipos que conforman las doctrinas, acciones y políticas militares en materia de seguridad suelen ser definidos por condicionantes rivales, por contextos intermésticos y por las naturalezas de lo que cada Estado entiende por seguridad. Para el caso colombiano, la doctrina de seguridad que imperó desde la segunda mitad del siglo xx fue definida en gran medida por los escenarios contrainsurgentes enclavados en un contexto de Guerra Fría. Por lo tanto, la doctrina en Colombia respondía a los actores rivales y no al diseño institucional en una lectura contemporánea sobre las definiciones de amenazas, problemas y riesgos de la seguridad en el país.
De tal manera, la pregunta a investigar es ¿cómo ha sido el proceso de desecuritización de la doctrina militar en Colombia luego del proceso de paz con las farc-ep? De modo que a manera de hipótesis se plantea que la desecuritización de la doctrina militar no es el resultado del acuerdo de paz toda vez que su proceso de transformación posee un devenir de fenómenos y clivajes puntuales; a saber, cabe aclarar que la transformación se origina desde que los principios fundamentales que guían la acción son reformados, es decir, el punto de inflexión de la doctrina militar colombiana es el Proyecto Educativo de las Fuerzas Armadas (pefa) de 2007. Con base en lo anterior, se trabajan como unidades de análisis el Plan Espada de Honor y la transición a la Doctrina Damasco y, adicionalmente, a través del análisis de los actos discursivos se busca corroborar ese proceso de desecuritización del conflicto armado en la doctrina militar colombiana.
El objetivo de la investigación es explicar el proceso de desecuritización del conflicto interno aplicado a la doctrina militar en Colombia. Para tal efecto, a través de un análisis discursivo se incluyen entrevistas en profundidad y, así mismo, la revisión normativa de las instituciones castrenses. Se usará el rastreo de procesos construyendo inferencias causales sobre la desaparición de un grupo armado y los nuevos escenarios complejos, lo anterior, alimentado de fuentes primarias y documentos de política pública.
Por tanto, los resultados esperados son, en primer lugar, definir como propuesta académica la reflexión de la desecuritización del conflicto armado en la doctrina militar colombiana y, por tanto, analizar el escenario de incertidumbre en relación con la identificación de variables que oscilan entre problema y amenaza a la seguridad en Colombia. Además, fundamentar un marco analítico para la comprensión de las nuevas misiones y roles de los operadores de seguridad oficiales de Colombia que intentan desligar su identidad de la clásica visión de conflicto armado. Finalmente, que el cambio doctrinal superada la lucha armada con las farc suscita trasegar de dinámicas exclusivamente tácticas y operacionales a la consolidación, la acción integral, la estabilidad y gobernabilidad en el territorio colombiano.
En efecto, el presente artículo está configurado con un marco teórico en el cual convergen aproximaciones sobre la desecuritización, la doctrina y la acción militar. En dicho apartado se advierte la importancia de involucrar ciertos elementos trascendentales para entender los procesos de seguridad en Colombia después del fin de las farc-ep. Posteriormente, se operacionaliza el concepto de desecuritización «a la colombiana», es decir, se propone aplicar el concepto a las dimensiones de construcción de noción, doctrina y acción militar dentro de la seguridad en el país. Inmediatamente se aborda a manera de discusión la comprobación de la hipótesis planteada para, finalmente, exponer una sección dedicada a las conclusiones.
II. Marco teórico y analítico
Las configuraciones analíticas alrededor del concepto de seguridad alcanzan a redefinir las dimensiones que esta atañe dependiendo del grado de operacionalización de su realidad. Por un lado, los clásicos teóricos que la interpretan en una idea de suma cero como Morgenthau (1949), Barbé (1987) y Frankel (1980), bajo aristas de dilemas de seguridad y carreras armamentistas entre Estados, y, por el otro, clasificaciones más deontológicas, críticas y posmodernas sobre la hibridez y liquidez de la seguridad como Alden, Morphet y Vieira (2010), Bauman y Lyon (2013), Castillo y Niño (2017) y Niño (2017b, 2017a), entre otros. No obstante, el punto de convergencia entre los clásicos y los críticos se encuentra en la dificultad de otorgarle una definición universal y homogénea al concepto (Baldwin 1997).
La seguridad ha sufrido contantes transformaciones conceptuales a distintas velocidades (Stritzel 2014). Los puntos de referencia configurados en los clásicos patrones rígidos de la noción militarista y estadocéntrica lograron combinarse con procesos políticos y sociales que resignificaron las nociones de la política de bloques (Ayoob 1991). En efecto, la construcción de la noción de seguridad para el caso de Colombia estuvo acompañada de simultaneidades regionales y mundiales que lograron definir arquetipos nacionales cifrados en dinámicas reactivas, en otras palabras, la idea de la seguridad en el país estuvo hecha y contrahecha con base en importaciones terminológicas y doctrinales que redundaron en circunstancias particulares sobre elementos hostiles (Leal 2003). Aquellos elementos pasan por la violencia partidista del siglo xix, la convulsión guerrillera e insurgente, el conflicto armado, los grupos paramilitares y el narcotráfico, hasta el terrorismo y la violencia urbana moderna (Borrero 2019).
En ese orden de ideas, la securitización se enmarca en las lógicas procesales y de construcciones paulatinas. Lo anterior se encuadra en una apuesta por involucrar asuntos susceptibles según la perspectiva de los tomadores de decisiones en la agenda de seguridad del Estado. Autores como Buzan, Waever y De Wilde (1998) explican que aquel término se refiere al mecanismo por el cual ciertos actores presentan ante la opinión pública la existencia de amenazas, problemas y riesgos de seguridad (militares o no militares) (Balzacq 2005). Resultado de lo anterior, los tomadores de decisiones operacionalizan las sensaciones sociales y producen políticas públicas para mitigarlos. En consecuencia, los trabajos de Williams (2003), Stritzel (2014) y Buzan y Hansen (2009) proponen que lo referente a la securitización convoca percepciones e imágenes de mundo no universalizantes.
No obstante, simultáneamente a la securitización, se ha construido un contraconcepto a la inversa denominado desecuritización (Casado 2018). El término se refiere a la desvinculación tanto gradual como repentina de los asuntos de la agenda de seguridad motivando redefiniciones tanto estratégicas como operativas materializadas, en esta oportunidad, en la lógica castrense. El concepto no ha sido desarrollado en profundidad en los estudios de seguridad a pesar de algunos importantes trabajos que alcanzan a repensar la seguridad más allá de la securtitización como los de Knudsen (2001). Empero, la desecuritización alcanza niveles de simetría conceptual y categórica para definirse como el contraproceso mediante el cual los asuntos que habían pasado a la agenda al ser securitizados vuelven a la agenda política ordinaria donde de nuevo son tratados de acuerdo a las normas clásicas establecidas (Casado 2018). Por ende, tanto la securitización como la desecuritización responden a motivos y voluntades de los tomadores de decisión, si bien para el primer término es una voluntad de involucramiento (Mackenzie 2009; Sanahuja y Schünemann 2012), para el segundo es una motivación causal de desprendimiento (Casado 2018; Knudsen 2001; Stone 2009) y un movimiento de un tema fuera de la esfera de la seguridad (Hansen 2012).
Por consiguiente, la construcción de un contraproceso de desecuritización compromete razones multifacéticas. Para comenzar, según Huysmans (1998), existen tres estrategias de involucramiento de la desecuritización: una estrategia objetivista, una estrategia constructivista y una estrategia deconstructivista (Casado 2018; Huysmans 1998). En la objetivista hay hechos objetivos que son interpretados subjetivamente según las nociones de amenaza; allí la forma de desecuritizar es demostrando con datos objetivos que ese factor amenazante no es peligroso. Aquel desmonte puede ser hecho a través de construcciones narrativas que comprueben que la antigua amenaza se ha minimizado. Frente a la segunda estrategia, la constructivista, la desecuritización se alcanza gracias a la comprensión del proceso securitizador para determinar cómo desligarlo de aquella esfera; un proceso de percepción que logra generar una construcción social sobre el fenómeno. Finalmente, la estrategia deconstructivista parte de la narrativa inductiva en vez de la versión constructivista que es deductiva. Esta estrategia de desecuritización humaniza la amenaza, le otorga un rostro y al mismo tiempo la desvincula de la lógica securitizada (Casado 2018; Huysmans 1995).
III. La desecuritización del conflicto armado interno en la doctrina militar
Los procesos de ampliación conceptual de la seguridad en la posguerra fría han determinado la construcción de los riesgos y amenazas no solo a partir de los ámbitos militares tradicionales, sino que se ha incluido en el centro del debate al ser humano y, por tanto, aquellas amenazas vinculadas a la vulneración de la libertad de consecución de las oportunidades y satisfacción de las necesidades de las personas han entrado en la agenda política. En este sentido, el ensanchamiento conceptual de la seguridad que aportó el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud 1994) agrupaba una lista de amenazas contra la seguridad: seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad en materia de salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad y seguridad política. A partir de aquí, un elemento esencial dentro de los debates de la ampliación del concepto fueron los procesos de securitización y desecuritización de la agenda de seguridad en los distintos niveles decisorios, sean estos nacionales, regionales o internacionales.
Entonces, el proceso de securitización posiciona un tema específico como un problema de seguridad, en otras palabras, se transita del ámbito político a una amenaza para la seguridad. Así lo recogen Buzan, Waever y De Wilde (1998):
La seguridad es el movimiento que lleva la política más allá de las reglas del juego establecidas y enmarca el tema ya sea como un tipo de política especial o por encima de ella. Por tanto, la securitización puede verse como una versión más extrema de la politización.
En línea con esta argumentación, cualquier tema público puede transitar desde un escenario de no politización (no lo asume el Estado y no se debate) a un escenario de politización (haciendo parte de la política pública y requiere un posicionamiento del gobierno), hasta finalmente una securitización (se presenta el tema como una amenaza que requiere medidas urgentes fuera de los procedimientos políticos ordinarios). De tal forma, la securitización está constituida por el establecimiento de la comprensión intersubjetiva de una amenaza que puede tener efectos políticos sustanciales. En este sentido, la securitización puede ser estudiada directamente y no necesita indicadores. La manera de estudiar la securitización es a través del discurso y las constelaciones políticas.
Este proceso de tránsito se comprende más claramente a través de los postulados del constructivismo social para entender el modelo de securitización. Alexander Wendt (1995) propone tres características dentro del marco constructivista para comprender la estructura social: el conocimiento compartido entre los agentes, las capacidades materiales y las prácticas. A partir de este postulado se puede comprender cómo las interacciones de las elites estatales en su constante interacción dialógica forman una comprensión intersubjetiva que incide en la estructura que, a su vez, retomando la teoría de la estructuración de Anthony Giddens (1995), procesa y configura identidades, valores e intereses con un proceso bottom-up y top-down entre agentes y estructura.
El constructivismo social también aporta la distinción entre normas reguladoras y normas constitutivas. «Las normas reguladoras están destinadas a tener efectos causales […] las normas constitutivas definen el conjunto de prácticas que conforman una clase particular de actividad social organizada de manera consciente» (Ruggie 1998: 871). Por tanto, no solo las normas regulan una actividad existente, sino que también se constituyen las prácticas de actividades de una sociedad. Conforme a lo anterior, se puede inducir que las prácticas sociales conformadas por el establecimiento de normas constitutivas como la securitización pueden llegar a normalizar e interiorizar ese sentimiento de amenaza y, por tanto, ser parte de las identidades, valores e intereses de los actores.
La forma en la cual los actores construyen el marco social interpretativo de su realidad es a través del discurso, entendido desde una perspectiva foucaultiana como aquel sistema lingüístico que ordena las afirmaciones y conceptos, incorporando el lenguaje y significados, reflejo de sus identidades e intereses. Las palabras que se usan no son neutrales y, por tanto, las elecciones de estas terminan teniendo implicaciones políticas. A partir de lo anterior, otro concepto útil, esta vez desde el postestructuralismo, para el entendimiento del proceso de securitización y desecuritización es el de deconstrucción propuesto por Jacques Derrida (1989), que nos ayuda lógicamente a identificar la dicotomía jerarquizante que diferencia el nosotros y el ellos a partir de la diferenciación de los significados e interpretaciones del marco interpretativo común que constituyen las normas y las instituciones en ese proceso dinámico y en constante retroalimentación.
Por tanto, la securitización no solo pone un tema público como amenaza y hace uso de acciones por fuera de los procedimientos políticos ordinarios, sino que también se puede añadir que genera un discurso hegemónico (Laclau 2008) que busca posicionar los antagonismos de los actores marcando una frontera identitaria que está en disputa. Con base en Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (2004), estos antagonismos se están redefiniendo dinámicamente a partir de la inclusión de nuevos discursos a los hegemónicos y continúa el antagonismo dicotómico de amigo-enemigo (Schmitt 1991) resignificando las fronteras identitarias por medio del discurso.
En el contexto colombiano, el surgimiento de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), Ejército de Liberación Nacional (eln), Movimiento 19 de Abril (m-19), Movimiento Armado Quintín Lame (maql), Ejército Popular de Liberación (epl), Partido Revolucionario de los Trabajadores (ptr) estaba fundamentalmente dinamizado por los densos debates ideológicos que contraponían diferentes modelos políticos y, por ende, diferentes discursos. Este marcado antagonismo de ideas en torno al proyecto de nación hacía irreconciliables las posibilidades de armonizar el discurso y, por tanto, reconciliar su concepción de amigo-enemigo. Si bien, tal como lo señala Eduardo Pizarro (2017), «las negociaciones de paz eran concebidas por las cúpulas de las farc, el eln y la disidencia del epl como treguas provisionales para mejorar, entre tanto, la correlación de fuerzas en el plano militar y político antes de la nueva fase inevitable de enfrentamientos militares».
Se tendería a pensar que luego de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en 2016 se transformaría la doctrina y acción militar del Ejército Nacional de Colombia. Sin embargo, lo que se intentará demostrar en este documento es que, si bien con este acuerdo se transitó de la concepción de enemigo a adversario que permitió la generación de normas constitutivas y regulativas que permiten vincular y transformar las nuevas identidades de las farc, en el Ejército Nacional la desecuritización de la doctrina y acción militar había comenzado mucho antes de este acuerdo político. Un punto crucial de la securitización del conflicto armado interno en la doctrina y acción militar del Ejército Nacional se desarrolló durante los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002), con el Plan Colombia, y con Álvaro Uribe (2002-2010), con la Política de Seguridad Democrática (Montero 2017); en este sentido, se resalta la complejidad de la influencia de Estados Unidos y también la amenaza interméstica. Por tanto, el discurso se concentró fundamentalmente en la comprensión de las farc como catalizadores de todos los problemas socioeconómicos y por lo cual, alejándose de los proyectos de negociación, la amenaza trascendía de la politización hacia el uso de acciones fuera de las políticas ordinarias.
Para los anteriores efectos, se emprendió el desarrollo de un proceso de transformación militar a partir de las directivas dadas por el Ministerio de Defensa que constituyó el Comité de Revisión Estratégica e Innovación (cre-i). En 2012, con el objetivo de optimizar los procesos y reestructurar las estrategias y líneas de esfuerzo, se integró el Comité Estratégico de Transformación e Innovación (ceti). En 2013 con la conformación del Comité Estratégico de Diseño del Ejército del Futuro (cedef) se evaluó el modelo del Ejército del futuro y se identificaron las capacidades (Ciro y Correa 2014) y en 2016 se creó el Comando de Transformación Ejército del Futuro (cotef) para articular el proceso de transformación a una fuerza multimisión. Por tanto, la transformación se empezó a gestar desde 2011, en un periodo incierto, pues se combinaban los elementos del conflicto armado interno y un posible escenario de paz donde emergerán nuevas amenazas y, con esto, el repotenciamiento y sofisticación del aparato castrense. En dicha medida, aquella transformación fue un hecho aislado de las discusiones de la Mesa en La Habana (De la Calle 2019: 199).
Si bien el Plan Colombia de 1999, el Plan Patriota de 2003, el Plan Consolidación de 2006, el Plan Bicentenario de 2010 y el Plan Espada de Honor de 2012 del Ejército Nacional estuvieron focalizados en combatir las amenazas de los grupos armados en el territorio colombiano, a partir de 2015 con el Plan Minerva se incorpora la necesidad de reestructurar la doctrina del Ejército, así que desde la aparición de la Doctrina Damasco de 2016 y el Plan Militar de Estabilización y Consolidación Victoria de 2017 se actualizan los intereses e identidades del Ejército para responder al nuevo contexto que se gesta desde el acuerdo de paz con las farc, en donde viejas amenazas que habían sido relegadas por el conflicto se reconocen y se procura la identificación de riesgos como el narcotráfico y los grupos armados organizados. De la misma forma, la nueva doctrina se armoniza con la doctrina conjunta y multinacional.
IV. Rastreando los cambios y las transformaciones
De tal manera, al cúmulo teórico y conceptual de la desecuritización se suma la construcción de doctrina y acción militar. La apuesta teórica al respecto parte de la idea de que la doctrina en términos castrenses es una construcción mediante la cual el Estado tiene una idea de lo que determina como seguridad. En adición, la doctrina es lo que está oficialmente aprobado y, especialmente, sobre qué métodos usar para llevar a cabo un objetivo (Holley 2004), en esta oportunidad, militar. Aquella construcción reposa en la manera más precisa de convergencia entre la acción y la regla. El proceso de construcción redunda en los determinantes desde lo estratégico hasta lo operativo (Castillo y Niño 2016; Holley 2004; Jackson 2013). En otras palabras, la doctrina es un cúmulo de creencias institucionales sobre lo que funciona en la guerra (Hoiback 2013) y aquel conjunto de ideas y creencias pueden materializarse a través de tres maneras: como herramienta de comando, como herramienta de cambio y como herramienta de educación (Chapman 2009; Hoiback 2013).
Según lo anterior, dentro de las lógicas doctrinales y de acción militar, cabe la interpretación sobre el proceso de desecuritización de la misma. Un proceso que ha involucrado factores políticos, sociales, regulares, asimétricos y que, al mismo tiempo, ha desvinculado un objeto referente tradicionalmente securitizado en Colombia, dicho objeto se materializa como las farc-ep. Entonces, es imperante hacer énfasis en la manera como ha transitado el extinto grupo guerrillero por medio de la desecuritización y al mismo tiempo cómo la doctrina y acción militar se ha transformado (Ríos 2018).
De tal manera, los procesos de cambio y transformación castrense en Colombia se remontan a puntos exactos durante el siglo xx. A saber, aquellos timonazos estratégicos respondían a coyunturas domésticas sobre la propia evolución de un Estado joven y la necesidad de capitalizar los réditos de una profesionalización institucional. Por ejemplo, en el gobierno de Rafael Reyes Prieto (1904-1909) se invocó una «intervención por invitación» denominada la Primera Misión Militar Chilena, produciendo así un inicio fundamental en la inauguración de los centros de estudios militares como la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Militar de Cadetes y la Escuela Naval (González y Betancourt 2018).
Posteriormente, hacia el gobierno de Eduardo Santos (1938-1942), en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y con un país alejado de las preocupaciones mundiales (Niño 2013), se motiva el desarrollo de la aviación del Ejército (González y Betancourt 2018). Situaciones de renovación y cambio que estuvieron sujetas a las dinámicas de los retos y desafíos intermésticos, pero no motivadas por la propia noción estratégica del Estado, como, por ejemplo, la doctrina de contención incorporada durante la Guerra Fría a través de los lineamientos de Washington, que se materializa en una construcción discursiva anticomunista que perduró durante las siguientes décadas.
En otras palabras, los cambios doctrinales y los virajes institucionales han sido producto de importaciones y subordinaciones a modelos políticos o situaciones de «otredad». La doctrina contrainsurgente colombiana fue construida con base en las farc y aquel grupo se convirtió en el principal arquitecto del diseño militar colombiano. Todo parecía indicar que el Estado respondía a estímulos en vez de estimular estrategias, al Estado le creaban las amenazas en vez de operacionalizarlas, condiciones materializadas en las ideas doctrinales contraterroristas marcadas por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, evento que transformó la constelación narrativa castrense en Colombia (Rojas y Atehortúa 2001).
En efecto, el punto de inflexión en la transformación doctrinal y acción militar contemporánea recae en el 2011. En ese contexto, el 4 de noviembre de ese mismo año es abatido Guillermo León Sáenz Vargas, cuyo alias era Alfonso Cano, uno de los máximos dirigentes de las farc. Aquella acción militar se enmarcó bajo el nombre de Operación Odiseo y tuvo lugar entre las poblaciones de Jambaló y Toribío en el departamento del Cauca (Revista Semana 2011a). Días después del hecho, a manera de represalia, las farc, que tenían en su poder bajo secuestro a cuatro miembros de la fuerza pública, entre ellos un sargento del ejército, un coronel, un mayor y un subintendente de la policía, los asesinan (Revista Semana 2011b). Todo parecía indicar que la agenda de seguridad de Colombia, la doctrina y sus acciones militares se configuraban en distintos tiempos y movimientos, es decir, la incertidumbre de un escenario irregular con los grupos asimétricos generó distorsiones en los derroteros estratégicos durante el conflicto armado.
Para el año 2011, de manera simultánea, mientras el conflicto irregular persistía, el ambiente doméstico e internacional motivó ciertas demandas estratégicas que debían ser atendidas. El ecosistema de fenómenos se concentraba, por un lado, en cuestiones como la independencia de Sudán del Sur; las convulsiones de las agitaciones sociales como la Revolución de los Jazmines de Túnez, que alcanza a generar un efecto derrame en la región y contagia los levantamientos y caídas de regímenes en Egipto con la Revolución Blanca, Libia, Yemen y una sostenida y agitada guerra civil en Siria.
A lo anterior se deben sumar los atentados terroristas en el aeropuerto de Moscú, el terremoto en Japón que produce un accidente nuclear en Fukushima, así como la explosión en el complejo nuclear de Marcoule en Francia, la violencia exacerbada en Costa de Marfil y el involucramiento de París en la salida del expresidente Gbagbo mientras en Grecia se votaban medidas para evitar la quiebra macroeconómica. Por otra parte, en Noruega se producen ataques terroristas simultáneos dejando más de 70 muertos, se declara oficialmente la hambruna en Somalia, mientras la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan) realiza bombardeos quirúrgicos sobre Trípoli obligando a la neutralización de los miembros del gobierno de Gadafi. Adicionalmente, un terremoto golpea a Perú mientras el huracán Irene azota al estado de Carolina del Norte, entre otros acontecimientos mundiales que sumaron insumos para la preparación y visión estratégica castrense en Colombia.
El intento de la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018) por involucrar al país en los problemas mundiales empezó a traducirse cuando, en junio de 2013, Santos anunció sus pretensiones de «acercamiento» a la otan. Su esfuerzo tenía como principal derrotero convertir a Bogotá en punto de referencia en seguridad internacional (Niño y Sánchez 2018). En ese orden, las líneas anteriores recogen las piezas del tablero que se fueron ordenando y sincronizando en términos de amenazas, oportunidades, riesgos y escenarios complejos que pedían una especial atención de orden castrense. Aquellos elementos invitaron a desmarcar los clásicos diseños y nociones doctrinales en Colombia para generar un cambio paradigmático en la doctrina; a saber, la formulación de la Doctrina Damasco y con el Plan de Transformación del Ejército, más los manuales estratégicos emanados del Comando General de las Fuerzas Militares, concibieron como eje central construir una fuerza con operaciones unificadas con enfoque social y colectivo junto con la homogenización de lenguajes con otras fuerzas militares del mundo, la redefinición y vanguardia teórico-conceptual de la seguridad, los asuntos tecnológicos de revolución militar, la estandarización de procesos y regulaciones de calidad en aras de la multimisionalidad y multipresencia nacional e internacional (González y Betancourt 2018; Ríos 2018; Rojas 2017). En consecuencia, el conflicto armado pasaba por la doctrina y no la doctrina por el conflicto irregular.
Mientras Bogotá empezaba a adaptarse institucionalmente a los nuevos escenarios domésticos, simultáneamente Washington también atravesaba por una nueva etapa estratégica en su noción y doctrina de seguridad. Así las cosas, Estados Unidos inició la construcción de una nueva doctrina entre el 2011 y el 2015 haciendo un especial énfasis en las nuevas tendencias sobre las amenazas globales (Department of the Army 2011). Su operacionalización de amenazas se fue configurando con base en la idea del dinamismo y la asimetría de los fenómenos contemporáneos. A saber, se hace hincapié en que los asuntos que deben contemplarse son de características híbridas en las que convergen fuerzas regulares, irregulares, terrorismo, crimen, desastres naturales, medio ambiente, flujos migratorios irregulares y ciberescenarios (Department of the Army 2011). Con base en lo anterior, la configuración castrense estadounidense determinó que había que reformular el proceso de toma de decisiones para la vanguardia del momento. En ese sentido, la nueva doctrina se concentró en construir reglas para que las fuerzas operaran y para que los tomadores de decisiones tuvieran un respaldo coordinado para la acción militar.
Empero, en Colombia la evolución doctrinal ha estado directamente ligada al conflicto armado (González y Betancourt 2018; Ríos 2018; Rojas 2017) y al mismo tiempo a patrones heredados de Washington. La construcción de las ideas sobre problemas y amenazas a la seguridad ha sido importada trayendo como consecuencia una pobre identidad doctrinal o de «seguridad a la colombiana». No obstante, gracias a esas relaciones asimétricas entre Bogotá y Washington se formuló la necesidad de construir una prospectiva más allá del conflicto armado. En otras palabras, se logró resignificar la doctrina sin el conflicto como apéndice y la revisión arrojó ponderaciones estructurales sobre la priorización de temas, métodos, procesos, estandarizaciones y líneas base para un Ejército Multimisión para el año 2030 (Rojas 2017).
La transformación castrense ha sufrido momentos cruciales para el cambio paradigmático en sus configuraciones doctrinales y de acción militar. La necesidad de fortalecer la institución con componentes de flexibilidad asociativa a los problemas y amenazas a la seguridad, sumada a las relaciones cívico-militares, detonaron en un viraje académico y de planeación de capacidades (Ramírez, Guevara y Riaño 2016). De tal manera, la nueva construcción académica redunda en el Plan Minerva en la generación de análisis y liderazgos transversales en las fuerzas militares; mientras que la planeación por capacidades busca la generación de nuevas consciencias en el militar y sus acciones en el ejercicio de sus funciones. Aquella transformación implica virajes culturales y una resignificación que trasciende la relación militar-militar a militar-civil, inclusive en la idea de generar ciencia y desarrollo para la nación.
Así, Damasco moldea la doctrina a partir de diferentes manuales para que todos los niveles cuenten con la misma información y se comprendan los planes estratégicos. Según el Manual Fundamental del Ejército mfe 1-01 Doctrina del 28 de septiembre de 2017 se define la doctrina del ejército como «Principios fundamentales con sus correspondientes tácticas, técnicas, procedimientos y términos y símbolos empleados para la conducción de las operaciones y mediante los cuales el ejército de combate y los elementos del ejército generador de fuerza, que apoyan directamente las operaciones, guían sus acciones en cumplimiento de los objetivos nacionales. Es autoritativa, pero requiere juicio en su aplicación» (Ejército Nacional de Colombia 2017: xiv).
Tal como señala Pedro J. Rojas (2017: 114), la doctrina Damasco cambió el paradigma para satisfacer las necesidades de aprendizaje, es así tal como señala el autor que «la doctrina que determina el empleo operacional se construyó dentro del marco de un orden jurídico integrado por normas, nacionales e internacionales (ley de seguridad y defensa), que regulan el empleo de los medios y los métodos de combate, a fin de cumplir los objetivos militares propuestos, con total apego a dichas normas».
A partir del 2017 se ejecuta el Plan Victoria, de Estabilización y Consolidación, que contempla las siguientes estrategias: apoyar el control institucional del territorio, fortalecimiento institucional y cooperación y desarrollo «[…] capaz de neutralizar las amenazas internas, para contribuir a la consolidación de una paz estable y duradera y al desarrollo del país». Es ahí donde se lanza el Plan Estratégico Victoria Plus para «potenciar los esfuerzos conjuntos, coordinados, interagenciales e interinstitucionales de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación para neutralizar la amenaza persistente del eln, el gao-residual, los gao Pelusos, Puntilleros y Clan del Golfo» (Jiménez-Mejía 2017).
V. Entre doctrina y planes de guerra: ¿bottom-up o top-down?
Con base en lo abordado sobre la configuración de los elementos doctrinales, es menester construir las piezas que configuran la arquitectura de la seguridad nacional colombiana. La génesis doctrinal en Colombia tiene una asimetría importante entre las dimensiones teóricas de la doctrina y la acción militar (Castillo y Niño 2019). Por una parte, encontramos que en 1991 con la nueva Constitución política se buscó el dominio en el monopolio de la fuerza con el ánimo de disponer para la defensa de la nación un ejército permanente unificado al servicio del poder regenerador y dejando a un lado «otras formas de milicias o ejércitos que pudiesen existir bajo el mando de antiguos estados soberanos, ahora departamentos, perdiendo así la autonomía que habían obtenido de poseer fuerza armada a su servicio en la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863» (Rey 2008: 153). Por otra parte, los elementos definitorios de la doctrina han estado ligados a normas extranjeras emuladas, por ejemplo, visiones decimonónicas como la idea de establecer marcos educativos en instrucción castrense importadas desde Chile con un componente medular prusiano (Castillo y Niño 2019; Fuentevilla 2008; Rojas 2017). Producto de lo anterior, se funda en 1909 la Escuela Superior de Guerra en la administración de Rafael Reyes Prieto.
Por otra parte, a pesar de existir un arquetipo castrense de herencia extranjera, la coyuntura del país respondía a realidades aisladas de la doctrina militar emulada. El devenir y asimetría entre la doctrina y la acción militar en Colombia se alcanza a interpretar desde una perspectiva bottom-up, es decir, la acción militar y los planes de guerra construyeron la idea doctrinaria (Ejército Nacional de Colombia 2017) en vez de la doctrina definir la maniobra militar. Con base en la perspectiva constructivista, se plantea que los entornos sociales materiales como el escenario de amenazas y violencia de Colombia van construyendo las ideas del conocimiento intersubjetivo que moldea el comportamiento, determinando los intereses, valores e identidades. La emulación de la doctrina militar como mecanismo de difusión normativa (Checkel 2005; Finnemore y Sikkink 1998; Risse, Ropp y Sikkink 2007) parte de la consideración por parte de la elite castrense de la norma extranjera como exitosa y de la existencia de un entorno social local adecuado para su implementación.
Del mismo modo, a partir del contexto de la Guerra Fría y el desarrollo de la Doctrina de Seguridad Nacional como parte de la política exterior norteamericana en varios países latinoamericanos, como un régimen internacional (Krasner 1983) que buscó fundamentar el accionar militar en la protección y el aseguramiento del territorio del enemigo interno, es decir, del comunismo; generó una narrativa y una transformación de la misión de las Fuerzas Armadas, más allá de la defensa de las fronteras, para contrarrestar las amenazas internas, en otras palabras, la securitización del comunismo.
Fue a partir del Plan Colombia de 1999 que los gobiernos de Bogotá y Washington buscarían fortalecer la colaboración en materia militar para poner fin al tráfico ilegal de drogas y posteriormente al terrorismo que se financiaba con este negocio. Colombia junto a Israel y Egipto se convierten en los principales receptores de presupuesto de ayuda militar de Estados Unidos en el mundo. A partir de lo anterior se puede justificar la securitización del narcotráfico en las agendas colombianas y norteamericanas. Con base en lo anterior, el intercambio militar conllevaba también la profesionalización no solo en la acción militar, sino también en el reforzamiento de los valores democráticos y el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Es decir, aquí se lleva a cabo un aprendizaje social por medio del intercambio de diálogo constante con el ejército norteamericano en donde la elite castrense retoma de la norma extranjera aprendizajes para aplicarlos en el propio entorno social.
En este sentido, la doctrina militar coincidía en sus principios fundamentales con el contexto de amenazas que terminaba guiando las acciones en cumplimiento de los planes estratégicos tal como se puede observar en el Plan Patriota, Plan Consolidación, Plan Bicentenario o Plan Espada de Honor y en el Manual de Operaciones y Maniobra de Combate Irregular 3-10-1 de 2010 (Ejército Nacional de Colombia 2019). De tal manera, la doctrina tiene un asidero estructural y centro de gravedad en el componente educacional. Por un lado, la estructura académica de los currículos en la esfera castrense logró cierta sincronización con los paradigmas teóricos en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Conflictos Armados; sumado a lo anterior, elementos disciplinares y metodologías eclécticas entre las Ciencias Militares, la Sociología, la Ciencia Política, las Relaciones Internacionales, la Economía, entre otras. Por el otro, un dinamismo de noción estratégica sobre el significado al interior del ejército de la seguridad nacional. En efecto, la doctrina y los planes de guerra en Colombia tienen una desarticulación tradicional. Estos últimos se configuran, a diferencia de la doctrina, como el ejercicio de la maniobra en el teatro de operaciones en acciones militares en un contexto «farcarizado», «elenizado» y «narcotizado», es decir, en ejercicios ofensivos definidos por el enemigo interno que definió durante décadas los planes de guerra del Ejército colombiano, una formación bottom-up. Mientras la doctrina conjuga teorías y procesos, los planes eran definidos por los componentes domésticos y la manera de llevar la táctica contra el enemigo.
A pesar de lo que sustenta la literatura más reciente (Ciro y Correa 2014; Rojas 2017), que señala que la transformación doctrinal del ejército nacional se presenta con la creación del cre-i en 2011, cabe aclarar que la transformación se origina desde que los principios fundamentales que guían la acción son reformados, es decir, cien años después de la creación de la Escuela Superior de Guerra el punto de inflexión de la doctrina militar colombiana es el Proyecto Educativo de las Fuerzas Armadas (pefa) de 2007, en donde se estableció una comunidad con una visión educativa común para articular unos valores fundamentales y, por tanto, unificar doctrinalmente a las Fuerzas Militares y Policía. Así pues, tal como se señala en este documento, «la doctrina es el vector principal que orienta el desarrollo de los contenidos de los programas de estudio; además, ella condiciona la definición de los perfiles de los militares y policías y, por consiguiente, los contenidos de las mallas curriculares» (Ministerio de Defensa Nacional de Colombia 2008: 28) Por tanto, dicha unificación y lenguaje común permiten el establecimiento de acciones combinadas, conjuntas y coordinadas. Cada una de ellas con ciertas particularidades referentes a los ejercicios entre las tres fuerzas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), a las operaciones con la Policía Nacional y a las maniobras con fuerzas extranjeras. En efecto, el devenir estratégico y la transformación prometió un progresivo ejercicio de desecuritización del enemigo interno, pues, con la creación de la doctrina Damasco, el proceso tiene como vector generar la noción top-down al resignificar el concepto asimétrico entre doctrina y planes estratégicos y de guerra. No obstante, es menester advertir que el proceso de negociación con las farc y la firma del Acuerdo no tuvieron implicación sobre la nueva doctrina y, más bien, al desecuritizar al enemigo interno, la narrativa logra un engranaje importante en el desescalamiento de las farc de enemigo militar a adversario político.
VI. Conclusiones
El proceso de desecuritización de la doctrina militar en Colombia posee un punto de inflexión en el Proyecto Educativo de las Fuerzas Armadas (pefa) de 2007. Allí se estableció una institución con una visión educativa común para articular unos valores fundamentales y, por tanto, su derrotero máximo de unificar doctrinalmente a las Fuerzas Militares y la Policía. Partiendo de lo anterior, es menester mencionar que las firmas de La Habana y el Teatro Colón en Bogotá para la terminación del conflicto armado interno no incidieron en la nueva doctrina de las Fuerzas Militares, pero sí afectaron la configuración de los planes estratégicos y de guerra. A saber, como punto fundamental, las farc alcanzaron un desescalamiento en la visión y noción securitaria y pasaron de ser una amenaza y problema de seguridad a un asunto exclusivamente político.
Finalmente, según lo propuesto en el presente artículo, la desecuritización se convierte en un nuevo lente y enfoque de análisis que cobra mayor relevancia sobre los estudios de seguridad y conflicto. Es decir, el proceso de desecuritización, con especial énfasis en el caso colombiano, reconfigura y rompe los clásicos esquemas en la visión binaria de amigo-enemigo y desvincula de la noción y doctrina castrense a las farc como un actor a aniquilar y lo convierte en un rival político en un círculo distinto al clásico de la seguridad.
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[1]. Los autores agradecen los comentarios y las sugerencias de dos evaluadores anónimos de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales, a la primera versión de este artículo.